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Promover las iniciativas legislativas, acciones o medidas necesarias para que cualquier ciudadano pueda acceder en todo momento, gratuitamente, de forma telemática o personal, a cualquier tipo de información, documento, o movimiento contable detallado referente a cualquier administración pública, entidades o empresas públicas y entidades o empresas privadas con cualquier porcentaje de participación pública o que realicen funciones públicas, sin más excepciones que los límites previstos en la Constitución española. 

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"Queremos saber qué se hace con nuestro dinero."   

Con tu firma nos apoyas para dar los primeros pasos que permitan conseguir nuestro único fin:Lograr que se tramite y apruebe la Ley de

Transparencia de las Cuentas Públicas

.

La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de proposiciones de Ley suscritas por las firmas de, al menos, 500.000 electores. Queremos saber cuántos somos para tomar la decisión de comenzar la tramitación legal de la Ley de Transparencia de las Cuentas Públicas

La fuerza de tu firma es necesaria para conseguir ser mayoría y poder exigir como ciudadanos el derecho a la TRANSPARENCIA.

 
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¡¡¡

TRANSPARENCIA

YA !!!

Hoy en día, los ciudadanos españoles no tenemos un acceso fácil e inmediato al conocimiento sobre cómo y dónde se gasta nuestro dinero.

Queremos saber al detalle dónde va desde el primero hasta el último euro que administran nuestros representantes políticos y las diversas instituciones de la Administración Pública en todos sus niveles.

Queremos tener acceso directo y fácil a la información de cada una de las cuentas o movimientos contables que se producen con el dinero de todos.

Tenemos el derecho de conocer qué se hace con nuestros impuestos y en qué se gasta nuestro dinero. Por la Administración y por las Sociedades Públicas o participadas por cualquiera de nuestras Instituciones, aunque esta participación sea mínima.

Los repetidos casos de corrupción y de despilfarro hacen aumentar las sospechas de unos ciudadanos que, día a día, pierden la confianza en sus administradores. No podemos resignarnos ante una sociedad que se desvincula cada vez más de la clase política  y que cada vez participa menos en lo público; incluso los procesos electorales son cada vez vistos con más distancia por la ciudadanía.

No es suficiente que se publiquen los presupuestos aprobados por las Administraciones Públicas o que se fiscalicen o auditen sus cuentas y las de las empresas públicas. No queremos intermediarios, queremos conocer al detalle las cuentas pequeñas y grandes, saber cuánto ganan nuestros políticos y sus asesores, cuántas tarjetas de crédito hay y cualquier tipo de gasto que se produzca con cargo a las mismas, ya sean viajes o cualquier tipo de prebendas. Y lo queremos saber al momento, no cuando han pasado años desde que se produjeron los gastos.

¿Alguien puede entender que en nuestros hogares no supiéramos cuánto y cuándo pagamos el recibo de la comunidad, o no pudiéramos acceder en cualquier momento a nuestras cuentas en las entidades financieras, o no supiéramos descifrar los conceptos de nuestra nómina, o no pudiéramos saber en qué nos gastamos nuestros ingresos?

Queremos tener sobre las cuentas públicas el mismo control que tenemos sobre nuestra economía doméstica. El Estado es la casa común de todos, y ¡nadie nos puede hurtar el derecho a conocer sus cuentas!

Exigimos a nuestros representantes que establezcan los mecanismos legales que reconozcan el derecho de cualquier ciudadano a una información rápida, total, clara y gratuita; el conocimiento y la participación en todo lo público es la base de la Democracia.

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Por una Ley de Transparencia; por José Luis Piñar Mañas, Catedrático de Derecho Administrativo, ex director de la Agencia Española de Protección de Datos (RI 1038252)
 

22.10.2009 El día 19 de Octubre de 2009 se publicó, en el Diario Público, un artículo de José Luis Piñar Mañas en el cual el autor opina que es necesario que se apruebe, cuanto antes, una Ley de Transparencia. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

 
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Lo que se oculta a los Ciudadanos
 

El Pais, Mayo 2008 Los periodistas británicos saben, hasta el último penique, lo que le cuesta al erario público el uso de los coches oficiales, la compensación pagada a los sospechosos del IRA o la ubicación de las cámaras que registran la velocidad de los coches. En España, conocer las listas de espera en los hospitales es una tarea titánica y el sueldo del presentador del telediario de una televisión pública está considerado alto secreto. La diferencia entre el Reino Unido y España es una ley que regula el derecho de acceso a la información.

 
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