El Pais, Mayo 2008 Los periodistas británicos saben, hasta el último penique, lo que le cuesta al erario público el uso de los coches oficiales, la compensación pagada a los sospechosos del IRA o la ubicación de las cámaras que registran la velocidad de los coches. En España, conocer las listas de espera en los hospitales es una tarea titánica y el sueldo del presentador del telediario de una televisión pública está considerado alto secreto. La diferencia entre el Reino Unido y España es una ley que regula el derecho de acceso a la información.

Junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, España forma parte del reducido grupo de países europeos que carecen de una normativa que abra la puerta a los documentos oficiales. En la UE, 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a facilitar información a cualquier ciudadano (incluso si es periodista).

En España prima la cultura del secretismo, el cerrojazo a los datos oficiales y el apagón informativo. "Existe la arraigada tradición en los poderes públicos de que la información es suya. Y no es suya, es de los ciudadanos. Como el dinero que manejan, que es también de los ciudadanos", comenta Diego López Garrido, ex portavoz parlamentario socialista y uno de los políticos que con más énfasis defiende la necesidad de promulgar una ley que regule el libre acceso a la información. Convencido de que será "revolucionaria", resume su esencia: "Las autoridades públicas tienen que tener a disposición de los ciudadanos, y especialmente de los medios de comunicación, toda la información que esté en su poder".

El corresponsal de un periódico alemán ilustra lo necesaria que es una ley de este tipo. "Como norma general, en España todo se considera información reservada, por si acaso". Los periodistas no sólo se enfrentan al histórico secretismo de los funcionarios, a la endémica falta de transparencia de la Administración y al oscurantismo de los gabinetes de comunicación. Tienen que hacer frente a la cada vez más frecuente moda de las conferencias de prensa sin preguntas. Empezaron los políticos y ahora la costumbre se ha extendido a entrenadores de fútbol, cantantes o personajes del mundo de la farándula.

Problemas añadidos tienen los medios audiovisuales. Las televisiones pelean contra el veto de los partidos políticos, que les impiden grabar imágenes durante los mítines. Estas prácticas, que han sido moneda común del PSOE y del PP en la pasada campaña electoral, "deterioran la calidad de la democracia y perjudican a los ciudadanos", se quejan los responsables de los principales periódicos y entidades profesionales.

El derecho a saber no es monopolio de los periodistas. El acceso a la información pública es un derecho universal. Aunque es cierto que no toda la información puede ser desclasificada. La ley británica, una de las más avanzadas en este campo, establece 23 exenciones: actas de juicios, secretos comerciales, seguridad nacional o prevención de actividades criminales. Y, por su puesto, la Ley de Protección de Datos.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja, coincide en calificar de "revolucionaria" una ley de estas características. "Acabaría con el secretismo y la filtración", dice, pero se muestra cauto ante los posibles efectos colaterales. "Hay que tener mucho cuidado si no se hace bien. Las consecuencias pueden ser muy corrosivas: nos llevaría a la desaparición de las fuentes". Urbaneja pone el ejemplo de la información económica y financiera. "Con las exigencias de la democracia mercantil, los gabinetes de prensa carecen de sentido. Si te cuentan algo antes que a la autoridad financiera cometen un delito". De hecho, las sociedades cotizadas en Bolsa están obligadas a notificar cualquier hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Desde los años sesenta, Estados Unidos cuenta con una ley que vela por la transparencia informativa. Urbaneja recuerda que la Reserva Federal publica las actas de sus reuniones pasadas unas semanas. "Es la manera de que el ciudadano conozca sus razonamientos en la toma de decisiones". El presidente de la AMP se pregunta si no se podría aplicar la misma teoría a las reuniones del Consejo de Ministros en La Moncloa.

Para evitar el clásico de Larra "vuelva usted mañana", la ley de acceso a la información regularía el tiempo máximo que puede tardar una administración en suministrar a los ciudadanos los papeles solicitados. López Garrido se inclina por poner el tope en un mes, si bien algunos países han acotado el plazo a 15 días. En Suecia se exige que los documentos reclamados se presenten "inmediatamente o lo más rápidamente posible", mientras que en Irlanda y Canadá el tope es un mes. En el caso del Reino Unido, la Ley de Libertad de Información establece 20 días. Durante los dos primeros años de aplicación de esta norma -en vigor desde 2005- se presentaron 120.000 solicitudes de documentos. Los británicos supieron así los verdaderos ingresos de su familia real. Hasta el último penique. Se enteraron, por ejemplo, de que la reina Isabel y el príncipe Carlos recibieron durante dos años ayudas agrícolas de la UE de casi 1,5 millones de euros.

Una veintena de organizaciones pelean desde hace dos años para que el colega germano, tan crítico con el comportamiento de las autoridades españolas y con el miedo de los burócratas a facilitar datos, cambie de opinión. Son los creadores de la Coalición Pro Acceso, un foro que ha fijado un catálogo de principios para acabar con el apagón informativo en los organismos públicos.

Participan en esta entidad organizaciones como Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace o Transparencia Internacional. La coalición defiende que "cualquier persona puede solicitar información a cualquier organismo o entidad pública o privada que realice funciones públicas" y plantea que los funcionarios "deben responder de forma inmediata o en un plazo razonable". La abogada de Access Info Europe, Eva Moraga, sostiene que una ley de este tipo "debe ser prioritaria para todo partido político que esté verdaderamente comprometido en la lucha contra la corrupción".

El PSOE ya lo llevaba en el programa electoral del 2004. Pero no movió un papel en su favor. El plan del Gobierno es ahora sacar adelante en esta legislatura un proyecto de ley en este sentido. Los socialistas aspiran a trasladar a la legislación española una ley similar a la que impulsó Tony Blair. Creen que es un elemento de modernización y profundización democrática. En vigor desde 2005, la norma británica reconoce el "derecho a saber" y su punto de partida es el derecho de cualquier persona a acceder a información (sea personal o no) que esté en poder del sector público. De esta manera, todos los datos pueden ser divulgados a menos que se le aplique una exención. Y si la documentación es denegada, se puede reclamar al Tribunal de Información.

Suecia es el espejo en el que han mirado todos los países y el que también sirve de referencia a España. Tiene regulado el derecho al acceso a la información desde hace más de dos siglos. En 1766 publicó una ordenanza pionera, la primera del mundo sobre libertad de prensa y el sueño de todo reportero. El nivel de salvaguarda de las fuentes es tal que Suecia protege incluso al funcionario que suministra información a un periodista. Prohíbe a los órganos estatales y municipales tratar de establecer la identidad de personas que hayan suministrado información a los medios de comunicación. Todo lo contrario de lo que ocurre a menudo en España, donde más de un ministerio ha abierto una investigación para averiguar el origen de una filtración que no le beneficiaba.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) insta a políticos y gobernantes a someterse regularmente a "los procedimientos clásicos en las democracias mediante conferencias de prensa con preguntas y repreguntas de periodistas profesionales". Y aboga por "la transparencia en sus actuaciones públicas, a la no discriminación en sus procedimientos informativos, campañas publicitarias y concesión de licencias".

La cuestión es convencer a los ayuntamientos, por ejemplo, de que faciliten los contratos urbanísticos cuando los solicita cualquier ciudadano. Pero para que la ley sea eficiente es necesaria una autoridad (independiente y con capacidad ejecutiva) que obligue a las administraciones a facilitar la documentación solicitada. Una autoridad que sea "una especie de Defensor del Pueblo de la información libre", señala López Garrido, "con un estatuto propio y encargada de examinar los recursos que puedan presentar los ciudadanos".

En un reciente foro sobre el acceso a la información pública organizado por la APM, la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire, recordó que en el mundo existen 76 leyes específicas. "En algunos países que la tienen hay problemas de aplicación, pero en general funcionan". El Consejo de Europa recomendó en 2002 a los Estados miembros que adoptaran leyes encaminadas a asegurar la transparencia en las administraciones públicas. El clamor es tal que existe una asociación denominada Transparencia Internacional. Su presidente en España es el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Lizcano Álvarez, que en el último número de la revista Cuadernos de periodistas escribe: "Dentro de los desafíos éticos a los que se enfrenta nuestra sociedad se encuentra, por una parte, la transparencia social, como elemento que garantiza el derecho a la información del ciudadano, esto es, el derecho a saber, como un factor fundamental para la lucha contra la corrupción".

Pero la UE tampoco quiere que sus ciudadanos sepan demasiado. La Comisión Europea ha demandado a Suecia por difundir datos sobre otros países cuyas autoridades les han puesto el sello de "secreto".